Las observaciones que hizo el gobernador Adrián Oliva Alcázar, a la ley departamental de recuperación y preservación de la Cordillera de Sama y de prevención de incendios, fueron declaradas “infundadas”, por esta razón, la presidente de la Asamblea Departamental, Sara Armella Rueda, se alista para promulgar la norma.
La observación que ha realizado el ejecutivo, es que la norma legisla áreas que son de competencia nacional.
“De acuerdo al reglamento de la Asamblea, se han sancionado las observaciones que hizo el gobernador a la norma para determinar si son fundadas o infundadas, en este sentido, al no aceptarlas, mi presidencia tiene que promulgar la norma”, explicó Armella, quien adelantó que la norma podrá ser promulgada este martes.
De acuerdo al asambleísta proyectista, Mauricio Lea Plaza Peláez, es “urgente” que esta ley esté en el marco de la coordinación interinstitucional, con el fin de encarar acciones ante las graves consecuencias que dejó el incendio forestal del 9 al 14 de agosto de 2017.
Lea Plaza aseguró que esta ley tiene la consistencia técnica y legal “necesaria”.
“Esa ley busca transcender las dádivas de los benefactores a los damnificados y busca una solución estructural al problema, de manera que este tipo de desastres naturales, no vuelvan a repetirse”.
Esta ley beneficiará al conjunto del valle central, buscando la recuperación de más de 10.000 hectáreas de flora, pastizales y bosques devastados, además ayudará a 16 comunidades campesinas de 2 municipios que casi suman 10.000 habitantes afectados, según el proyectista.
Las consecuencias y efectos del incendio
El incendio en la Cordillera de Sama registrado entre el 9 y el 14 de agosto del 2017, dejó 10600 hectáreas de flora, pastizales y bosques devastadas por el fuego, que implica alrededor del 10% de la extensión de la reserva.
16 comunidades afectadas en las que habitan un total de 8590 personas y más de 4000 familias. 3 personas fallecidas y 5 gravemente heridas.
Fuerte contaminación ambiental en todo el valle central, con las consecuencias en la salud de la población. Muerte de ganado y pérdida de forrajes. Pérdida en cultivos agrícolas.
Pérdidas materiales. Sistemas de provisión comunal de agua potable afectados.
Fuente: (elPeriódico- Octubre 10/2017)